Autoridades confirman daños deliberados a sistemas de rebombeo y el cese de funcionarios por manipular el tandeo para «beneficio personal». Analizamos cómo el agua dejó de ser un derecho para convertirse en el botín más jugoso de la periferia.
Hace unos días, El Rey Necense denunció cómo la inoperancia del sistema hídrico en nuestro municipio estaba forzando a los ciudadanos a pagar el «impuesto de la sed» a pipas privadas. Hoy, la crisis ha dado un giro aún más oscuro. La falta de agua en La Paz no es solo producto de la negligencia institucional; es el resultado de un sabotaje planificado desde las propias entrañas del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (OPDAPAS).
La información oficial confirmada en las últimas horas es un escándalo. Se han detectado daños deliberados en el sistema de rebombeo de Ampliación Tecamachalco y actos de vandalismo en el cárcamo de Los Pinos. Pero la cereza de la impunidad es el colmo del cinismo: el robo de un trascabo propiedad del organismo y el cese de funcionarios públicos que fueron sorprendidos «manipulando la distribución del agua para beneficio personal».
La defensa técnica: Cuando la sed es negocio
Llamemos a las cosas por su nombre: en Los Reyes La Paz opera un «Cártel del Agua». El vandalismo a los cárcamos no es obra de pandilleros aburridos; es un sabotaje quirúrgico. Cuando se descompone la red pública, las válvulas se cierran y la necesidad se dispara. ¿Quién se beneficia económicamente cuando el agua deja de fluir por las tuberías? Exacto, las mafias de pipas privadas que venden el líquido al mejor postor.
Que los propios funcionarios del OPDAPAS estén involucrados en la manipulación del tandeo demuestra que la corrupción ha secuestrado las válvulas del municipio. Cierran la llave para tu colonia y la abren para quien paga el soborno o la cuota por fuera.
Exigencia de justicia, no solo de despidos
La administración de la alcaldesa Martha Guerrero ha cesado a estos funcionarios, un paso lógico pero dolorosamente insuficiente. Para El Rey Necense, un despido administrativo es una palmadita en la espalda cuando se trata de crímenes contra la salud pública.
Robarse el agua del pueblo y destruir la infraestructura municipal son delitos graves. El Ayuntamiento tiene la obligación de presentar las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía del Estado de México y hacer públicos los nombres de los involucrados. Si el gobierno local solo los despide y no los mete a la cárcel, se convierte en cómplice del Cártel del Agua. La sed de La Paz exige justicia, no impunidad burocrática.
Dato Necense: Especialistas en gestión hídrica advierten que el «huachicoleo de agua» y la manipulación de válvulas generan sobrepresión en la red vieja. Por cada sabotaje deliberado a un cárcamo, el restablecimiento de la presión adecuada en la zona afectada puede tardar hasta 72 horas, multiplicando las ganancias de los piperos privados.